Luis Miguel Fuentes

18/11/01

REPORTAJE

POLÉMICA EN ÉCIJA / LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS INVESTIGA SI HAY DATOS ÍNTIMOS EN LOS ARCHIVOS

El fichero de la vergüenza

El jefe de la Policía Local de Écija acusa al equipo de gobierno de difundir la existencia de un fichero con datos sobre los vecinos para silenciar sus denuncias


LUIS MIGUEL FUENTES

ECIJA.- El cartapacio que somos, nuestra biografía hecha de pólizas, multas y resguardos. Es el rastro funcionarial que vamos dejando, pequeñas o grandes vergüenzas que quedan inscritas en papeles amarillos, en calcos doblados, en un comprobante como una confesión. Nuestros datos andan flotando entre armarios y administraciones, pero pensar quién tiene acceso a esta información y cómo puede utilizarla despierta el horror al Gran Hermano, al ojo que todo lo ve, al control total sobre esa hormiga desnuda en que se puede convertir el ciudadano.

El descubrimiento en Osuna de un fichero de la policía donde se compendiaba información íntima de los vecinos ha vuelto a traer ese miedo a un poder que pueda conocernos transparentemente y mandar a una secretaria a que mire con quién nos acostamos o cuándo nos emborrachamos. El fichero de Osuna tenía a los habitantes clasificados por colores: un rosa intuitivo para homosexuales, un azul señaladizo para los que habían tenido algún enfrentamiento con la policía local... En Osuna, todavía se mantenían vivas y habladoras las carpetas abiertas cuando aquellas leyes de Vagos y Maleantes o Peligrosidad y Rehabilitación Social, como si siguiera el Nodo.

Ahora en Écija, no muy lejos, se abre otro episodio parecido. El Ayuntamiento, en un zafarrancho de carretillas y camionetas, ha sacado de las dependencias de la Policía Local más de 17.000 expedientes que acumulaban datos sobre vecinos, entre ellos 72 concejales de la etapa democrática, desde los años 40 hasta finales de los 80. Una información que, en algunos casos, es de carácter íntimo o presenta indicios de que pueda ser ilegal, según explica Manuel Lazpiur, delegado de Interior del Ayuntamiento: “Después de lo que pasó en Osuna, me pregunté: nosotros no tendremos eso, ¿no? Pero en la Policía Local vimos que había un archivo que no conocía el Ayuntamiento, cosa que no es normal, con informaciones sobre antecedentes penales que no proceden, ficheros específicos sobre personas que ejercieron la prostitución y también fichas de concejales y cargos públicos”.

Manuel Lazpiur es joven, muy rubio, de una blancura neoyorquina, y tiene algo de broker frenético. Se balancea en su sillón escoltado por una bandera de Andalucía y por el jefe de prensa, Vicente Córdoba, diagonal y vigilante como un alfil. “Los expedientes —dice Lazpiur— estaban en un fichero aparte, y hasta había un pedazo de letrero que ponía: ‘prostitutas’. Allí había datos de mujeres que siguen viviendo aquí, que ahora son esposas, madres... Los técnicos del Ayuntamiento están analizando y catalogando la información de ese fichero, y ellos dirán cuál se puede tener o no, pero ahora nuestra preocupación es asegurarnos de que esa información está bloqueada y no se puede acceder a ella”. Añade con un gesto de picardía: “Y los expedientes no tienen sólo multas de tráfico...”. Sin embargo, no quiere dar datos más concretos.

Muy diferente es la opinión del suboficial jefe de la Policía Local de Écija, Antonio de la Rosa, contra el que ha arremetido el equipo de gobierno municipal. De la Rosa es grande, barbiespeso y levemente osuno, con cierta fiereza que luego contradice su voz calmosa: “Nosotros tenemos obligación de guardar copias de los documentos que expedimos a los ciudadanos, como certificados de ocupación o modo de vivir, o de la gente que solicita justicia gratuita, además de atestados de tráfico o multas. Todo eso se guarda en el expediente de cada persona, y son papeles normales que tiene la policía”. Ante el hecho de que haya documentación de la época franquista que se mantenga, alega que “el archivo es municipal, a nosotros nos corresponde sólo su custodia, y no podemos destruir los documentos”. Cuando se le menciona el fichero de prostitutas, De la Rosa hace un gesto de molestia e incredulidad: “Eso fue en los años 70, cuando había un barrio de prostitutas y tenían que pasar una revisión médica obligatoria, por las infecciones”. De la Rosa explica que esa es la única ‘información íntima’ que guardan, aquellas revisiones, y que todo lo demás “es mentira”.

El jefe de la Policía Local mantiene que todo responde a una persecución contra su persona, por haber denunciado irregularidades, concretamente la existencia de facturas falsas pagadas por el Ayuntamiento por trabajos que no se habían llevado a cabo. De la Rosa ha llegado a afirmar que Lazpiur le ofreció hace tres meses triplicarle el sueldo si desistía a sus denuncias. Este caso, montado por cierto con mucha escenografía y sonoridad por parte del Ayuntamiento, sería, según De la Rosa, sólo una “cortina de humo” para tapar estas anomalías y conseguir su descrédito.

Desde el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, se apoya la versión de De la Rosa. Su presidente, Manuel Bustelo, sostiene que el “ayuntamiento de Écija ha pecado de ligereza, porque sin saber lo que había en el fichero ha creado una gran alarma social que ya se verá que no se corresponde con lo que hay allí, que es sólo el trabajo normal de la policía”. Afirma Bustelo que “esa precipitación demuestra que hay algo más detrás, que es la persecución contra el jefe de la Policía Local por sus denuncias”. Señala también con tristeza que “se está dando a los ciudadanos la impresión de que la policía controla sus vidas y eso no es cierto, esos ficheros están ahí por inercia del Ayuntamiento, que desde el 87 sabía de su existencia [cuando se hizo un inventario al trasladarse de sede la Policía Local]”. “Además —continúa— no se ha demostrado que esos datos se hayan utilizado”. El presidente del sindicato asegura que, por todo ello, están estudiando acciones judiciales contra el equipo de gobierno del Consistorio.

Lo cierto es que estas descalificaciones y enfrentamientos personales están desplazando el verdadero problema, la existencia de este fichero absurdamente rancio, y dejando al descubierto además otros puntos oscuros. No deja de resultar chocante la velocidad y el pandereteo con que el Ayuntamiento ha destapado el caso, sin ninguna discreción, sacando los papeles como a ahogados, repartiendo a los medios fotos “oficiales” de las carretillas abarrotadas de expedientes que salían de la sede de la policía, cosa que les daba un aire previamente proscrito, como si el amontonamiento y la premura los hicieran ya ilegales. Chocante parece que el delegado de interior, Manuel Lazpiur, asegure la maldad de este archivo pero no quiera dar datos concretos sobre qué tipo de información ‘ilegal’ guarda, aparte de lo de las prostitutas, como si buscara que el morbo hiciera su trabajo en la imaginación del pueblo y las divagaciones engordaran el caso. Chocante parece que el Ayuntamiento apele al celo por la intimidad de los vecinos para no revelar más información pero que su jefe de prensa hiciera ante este medio un zoom de una de las fotografías “oficiales” hasta poder apreciar los nombres en las fichas. Chocante es el secretismo de las habitaciones blancas donde se examina la documentación como a un alienígena. Chocante es que, si había indicios, no se denunciara directamente a la Agencia de Protección de Datos y haya sido el director de este organismo quien haya tenido que ordenar la investigación. No parece descabellado, en fin, que aun resultando verdadera la aparente ilegalidad del fichero, desde el Ayuntamiento se haya querido además aprovechar el caso para, con exageraciones y luminotecnia, zancadillear a un elemento “incómodo” como el jefe de la policía local.

Los ficheros, de momento, siguen en el Ayuntamiento de Écija, en cuatro grandes estanterías móviles, mientras los funcionarios municipales analizan la documentación. Pero una cosa es que parte de esos expedientes resulten improcedentes o ilegales, y otra cosa es determinar quién tiene la responsabilidad de que este “fichero de la vergüenza”, si resulta serlo, se haya mantenido vivo. Esto sólo lo podrá aclarar la investigación de la Agencia de Protección de Datos, ya en curso.


Los límites que establece la ley

Aunque la policía local de Écija mantenga que el fichero es fruto de su “trabajo normal”, la ley establece unas limitaciones muy claras con respecto a qué información se puede guardar y durante cuánto tiempo. Según explica Juan Manuel Fernández, director de la Agencia de Protección de Datos, los datos administrativos (los que se toman para el DNI, por ejemplo) deben seguir siempre los principios de información (hay que informar al ciudadano sobre el uso que se le va a dar a esos datos), de calidad (la información debe ser pertinente y cancelarse cuando no proceda), de consentimiento (necesario por parte del ciudadano) y confidencialidad (que no puedan ser consultados o usados indiscriminadamente). En cuanto a los datos policiales, la policía sólo puede mantener expedientes sobre hechos concretos que esté investigando. “No puede haber ‘fichados’ sin investigación de un delito, por ejemplo sólo por ser moros o gitanos”, aclara Juan Manuel Fernández. Además, los antecedentes policiales se deben cancelar cuando no hay delito, o cuando el expediente pasa al juez y después hay una resolución de inocencia, o incluso cuando se ha declarado culpable pero ya se ha cumplido la condena. Explica también Juan Manuel Fernández que la actual legislación hace mención especial a las antiguas leyes franquistas de Vagos y Maleantes y Peligrosidad y Rehabilitación Social y establece que estos expedientes “no podrán ser consultados”.

 

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